“Se les permitió atormentarlos durante cinco meses, pero no matarlos; y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a alguien.” –Apocalipsis 9:5

Suponiendo que las agencias de inteligencia del gobierno y el Departamento de Defensa no hayan comenzado repentinamente a acatar las directrices legales de la Regla Común o las sugerencias morales del Código de Núremberg, un sector de la población parece estar sufriendo como conejillos de indias involuntarios en experimentos patrocinados por el gobierno. Dada la historia del gobierno de Estados Unidos de utilizar a la población en experimentos no consentidos, sería ilógico pensar que hayan cesado repentinamente, especialmente cuando gran parte de la tecnología que se está probando actualmente puede utilizarse de forma remota.

Durante décadas, comenzando con MKULTRA y sus proyectos relacionados, los gobiernos de la mayoría de las naciones industrializadas han buscado formas fiables de controlar a las masas. Si bien la mayoría estamos familiarizados con el control que se puede obtener mediante las armas, los impuestos y los medios de comunicación, pocos conocen las armas mencionadas en este libro que se basan en el espectro electromagnético.

Aún menos comprenden la extraña susceptibilidad del sistema nervioso humano a la energía electromagnética. A lo largo de la historia, ciertos sectores de la población han sentido la necesidad de separarse del gobierno y prosperar gracias a su propia autosuficiencia. La comunidad religiosa amish es un excelente ejemplo de ello, aunque han cedido en cierta medida a la intrusión gubernamental al permitir que sus hijos asistan a la escuela pública. Esta única concesión ha reducido el número de miembros de la comunidad, debido, sin embargo, a la mayor exposición de sus jóvenes a la modernización. Otros grupos religiosos marginales, así como organizaciones de supervivencia, también han huido a zonas rurales para escapar de la constante vigilancia del gobierno. Hasta hace poco, al refugiarse en zonas agrícolas, donde podían vivir de la tierra, lograban aislarse del sistema. Sin embargo, la relativa resistencia de estos grupos a los mecanismos de control tradicionales —impuestos, burocracia y medios de comunicación— acabó provocando la ira del gobierno federal. Calificados como potenciales terroristas nacionales, muchos de estos grupos han sido infiltrados por agentes del FBI para una vigilancia más estrecha. En varios casos extremos de intervención gubernamental, estos grupos se vieron obligados a someterse al control del gobierno por la fuerza. El lector recordará las tragedias ocurridas en Ruby Ridge y en el complejo de los Davidianos, donde las agencias gubernamentales recurrieron a la fuerza para desarticular a estos grupos. El gobierno federal, al darse cuenta de que el público estadounidense no seguiría tolerando ataques armados contra sus ciudadanos, comenzó a buscar formas más encubiertas de ejercer control sobre estas poblaciones autosuficientes en materia agrícola. Esto no implica que las personas que sufren las consecuencias de la experimentación tecnológica actual se ajusten a la categoría de separatistas. En la mayoría de los casos, no parecen ser separatistas, radicales ni antigubernamentales. Simplemente intento explicar, desde una perspectiva gubernamental, su plausible necesidad de desarrollar medios más sofisticados para controlar a la población. Los gobiernos de todas las naciones industrializadas ya no buscan simplemente gobernar a sus pueblos. El énfasis ha cambiado de gobernar a las poblaciones a controlarlas, y las Naciones Unidas han contribuido a allanar el camino mediante una miríada de programas.

El grupo, que sufre las consecuencias de esta lenta conversión del representativismo al totalitarismo mental, se autodenomina individuos objetivo o «IT». Este grupo, en rápido crecimiento, es el que expresa las quejas sobre la exposición a tecnologías electromagnéticas destinadas a alterar la cognición y la fisiología. Si bien muchos de estos relatos podrían haberse descartado como enfermedad mental hace una década, la frecuencia y similitud de las quejas que se expresan actualmente apuntan a una etiología muy diferente.

• La falta de legislación contra la experimentación no consentida,
• la disposición del gobierno a participar en ella, y
• la conocida investigación y desarrollo de armas electromagnéticas

validan estas afirmaciones como probable experimentación encubierta.

He entrevistado a miles de personas que expresan estas quejas, tanto individualmente como a través de Freedom from Covert Harassment and Surveillance (FFCHS), una organización de defensa que ofrece apoyo a las víctimas. Mis descripciones de las experiencias de estos «individuos objetivo» se basan en mis entrevistas, así como en datos estadísticos proporcionados por FFCHS a través de extensas encuestas que realizan periódicamente. Cabe destacar que FFCHS no es el único grupo de apoyo que se ha formado. Han surgido muchos otros grupos de apoyo para gestionar el número, que crece exponencialmente, de quejas que se están presentando.

Tras miles de entrevistas y muchas horas de reflexión sobre los cuestionarios respondidos por las víctimas, he logrado reconstruir una explicación de sus experiencias. El lector probablemente habrá notado que no me refiero a las víctimas con términos descriptivos como «presunto» o «probable». Tras leer este libro, el lector estará igualmente convencido de que se trata de un fenómeno real que está destruyendo la vida de miles de personas y sus familias. Sin duda, muchas víctimas y no víctimas discreparán con algunos de mis hallazgos y descripciones de este fenómeno. Sin embargo, si bien algunas víctimas pueden tener circunstancias ligeramente diferentes a las de mi modelo, la inmensa mayoría experimenta una progresión metódica de experimentación que se ajusta bien al modelo que planteo. Las personas objetivo experimentan una forma de experimentación que sigue una progresión de fases que incluyen selección, vigilancia, acoso, difamación, ataque y monitoreo. Estas seis fases pueden superponerse en cierta medida; sin embargo, son lo suficientemente distintas como para separarlas. El tiempo dedicado a cada fase puede variar de una persona a otra y probablemente refleja los deseos del autor del experimento. Cabe reiterar que la descripción se basa en una recopilación de datos e información de contrainteligencia obtenida mediante la vigilancia de un grupo perpetrador identificado en San Antonio, Texas. Este grupo, que fue objeto de contravigilancia, fue identificado de forma independiente por cuatro víctimas no relacionadas entre sí, procedentes de cuatro zonas geográficas distintas de Texas.

La selección de un objetivo puede deberse a una infinidad de razones a nivel local. Es importante recordar que esta tecnología no está al alcance de la persona promedio. Los grupos que llevan a cabo este tipo de experimentación tienen acceso a la tecnología como contratistas independientes y encubiertos de las agencias gubernamentales responsables de su desarrollo. Esta investigación es una continuación de operaciones anteriores de control de la conducta, que en su mayoría se realizaban a través de empresas fachada. La experimentación actual no es diferente. Los grupos que tienen acceso a la tecnología pueden elegir a sus víctimas por cualquier motivo que consideren necesario. Las agencias detrás de la tecnología solo están interesadas en recopilar datos sobre sus éxitos o fracasos. Por lo tanto, dado que los datos se recopilan en la cúpula de cada uno de los numerosos grupos perpetradores, la selección de víctimas probablemente parezca aleatoria. La demografía de la selección es muy diferente a nivel local.

Si bien un pequeño número de víctimas ha presentado pruebas convincentes de acoso directo por parte de diversas agencias gubernamentales, se trata principalmente de denunciantes empleados por las mismas agencias y constituyen una minoría. La mayoría de las víctimas son personas comunes y corrientes, consideradas “comunes” según la mayoría de los estándares. Mediante entrevistas y cuestionarios, hemos encontrado algunas tendencias entre la población de víctimas. Un gran porcentaje de las víctimas son mujeres. La mayoría de estas mujeres han denunciado violaciones y agresiones sexuales facilitadas por drogas. Esto probablemente no forma parte de la experimentación, sino que representa la naturaleza criminal del grupo perpetrador. La tecnología que permite la vigilancia completa, el acoso y el control subliminal hace que la agresión sexual sea un delito muy fácil de cometer. Si bien la violación se ha utilizado en el pasado como parte de la programación mental a través del trauma, parece que entre los perpetradores experimentales actuales se considera más como un “beneficio”. No obstante, no es menos traumática físicamente ni menos dañina psicológicamente para la víctima. Un grupo de víctimas en Palm Springs, California, sí parece ser objeto de agresión sexual. Este grupo, mayoritariamente de hombres homosexuales, sufre acoso auditivo por parte de la misma voz femenina mediante el efecto auditivo de microondas, además de ser víctima de agresión sexual con ayuda de drogas. Evidentemente, esto representa un odio psicológico por parte del grupo que perpetúa estos crímenes en esa zona. En resumen, la selección de los objetivos para su inclusión en este protocolo experimental puede ser específica a nivel local, con algún rasgo particular que buscan los perpetradores. A nivel institucional, donde finalmente se recopilan los datos, los criterios de inclusión de cada grupo perpetrador probablemente se promedian, dando como resultado una población objetivo con una apariencia aleatoria.

La vigilancia del objetivo seleccionado sigue de cerca a la selección. La fase de vigilancia se diferencia de la fase de acoso en que, durante la primera, el objetivo desconoce que está siendo vigilado. Una vez seleccionado, el objetivo es vigilado exhaustivamente mediante diversos métodos, que incluyen verificación de antecedentes, verificación de crédito, manipulación de correo, pirateo de correo electrónico y observación directa, tanto física como electrónica. La vigilancia cumple varios objetivos importantes que son fundamentales para el éxito del resto de la operación. Permite al perpetrador determinar con precisión las actividades cotidianas del objetivo. Lo más importante es que se evalúa rápidamente dónde vive, trabaja, realiza sus transacciones bancarias y cómo emplea su tiempo libre. Se identifica a las personas con las que pasa la mayor parte del tiempo y se las clasifica por orden de importancia. Por ejemplo, entre los objetivos periféricos de mayor valor se incluyen los familiares cercanos, supervisores, médicos, clérigos y cualquier otra persona con la que pueda pasar mucho tiempo comunicándose. Esto permite a los perpetradores saber con bastante certeza en quién confiará el objetivo una vez que sea consciente de que está siendo vigilado. Durante esta fase, se determina el estatus social de la víctima en relación con sus seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, supervisores y otras personas. Se registra y se investiga minuciosamente cualquier participación en conductas tabú, como el consumo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, la violencia doméstica, la infidelidad o la pornografía. Todos los datos recopilados durante esta fase se utilizarán para controlar, engañar, difamar y aislar a la víctima. Además, durante esta fase, los perpetradores suelen contar con la ayuda de vecinos, compañeros de trabajo y familiares para la vigilancia. Esto se logra generalmente engañando a estas personas haciéndoles creer que están colaborando con una investigación policial legítima. En un caso, la agencia de investigación privada que llevaba a cabo la vigilancia se identificó ante el vecino de la víctima como agentes del FBI, incluso con credenciales de identificación falsas. Resulta sorprendente la cantidad de personas que caen en esta trampa sin siquiera solicitar una identificación adecuada ni contactar a la supuesta agencia para preguntar si la vigilancia es legítima. El desconocimiento de las leyes, tanto nacionales como estatales, sobre vigilancia y derecho a la privacidad, convierte esta táctica en una estrategia muy eficaz. La aplicación exitosa de esta técnica por parte de los perpetradores legitimará posteriormente la fase de difamación y los protegerá de una posible detención durante la fase de acoso. Al creer los vecinos que están colaborando con una investigación de una agencia legítima, son más propensos a creer los comentarios difamatorios que se les hacen sobre la víctima. Además, es menos probable que llamen a la policía y denuncien los vehículos que ven estacionados frente a la casa de la víctima durante la noche.

El acoso a la víctima es una extensión natural de la fase de vigilancia. Estas fases se diferencian en que la vigilancia suele ser desconocida para la víctima, mientras que el acoso se realiza con pleno conocimiento de ella. En la literatura actual, la fase de acoso en este tipo de victimización se describe generalmente como acoso grupal, acoso organizado o acoso con fines específicos. Los términos acoso grupal y acoso con fines específicos son descripciones imprecisas, ya que implican la participación de pandillas callejeras o algún razonamiento grandilocuente detrás del acoso. El acoso organizado es probablemente la descripción más precisa, pues refleja la forma altamente organizada y metódicamente planificada de acoso que experimentan estas víctimas. Los métodos empleados se adaptan directamente de las operaciones COINTELPRO llevadas a cabo por el FBI en las décadas de 1950 y 1960 contra grupos considerados radicales. Las tácticas incluyen la intrusión total de la víctima en su domicilio y en cualquier lugar al que vaya, el allanamiento de su casa y el acoso físico y la intimidación. El acoso electrónico se utiliza durante esta fase en relación con la manipulación de correos electrónicos, el pirateo informático, la suplantación de identidad en teléfonos móviles y el ciberacoso. Las formas más sofisticadas de acoso electrónico se abordan como parte de la fase de ataque, pero pueden estar presentes en cualquier fase de este tipo de victimización.

La fase de acoso cumple varias funciones importantes para el grupo que perpetúa la operación, asegurando que la víctima quede totalmente atrapada y con mínimas posibilidades de escapar. Esta fase la sume en un estado de desesperanza, especialmente cuando las fuerzas policiales que han solicitado ayuda la han ignorado. El acoso es muy difícil de procesar para la policía en circunstancias normales. La asistencia policial en casos de acoso organizado, donde las acciones cotidianas de la víctima han sido objeto de vigilancia durante meses o años, resulta prácticamente inútil. Además, los acosadores están altamente capacitados, a menudo con experiencia en las fuerzas del orden federales o locales, para llevar la situación al límite, casi hasta el punto de dar a la policía un motivo para investigar. La desesperanza que surge al sentir que nadie le ha dado la espalda a la víctima ni le ha brindado ayuda es fundamental para el éxito de la operación. Tras repetidas denuncias policiales por supuestos robos en los que no se sustrae nada, pero sí se registran las pertenencias personales, la víctima es catalogada como mentalmente inestable y sus denuncias posteriores son ignoradas. Solo los robos con allanamiento de morada, considerados delitos graves, serán investigados por las fuerzas del orden. La entrada ilegal en una propiedad se limita a un informe que se archiva sin investigación. En el peor de los casos, múltiples denuncias de acoso y entrada ilegal pueden derivar en una derivación psiquiátrica o una evaluación psiquiátrica obligatoria de veinticuatro horas. La incapacidad de la víctima para obtener la asistencia policial adecuada contribuye a que crea que las fuerzas del orden son cómplices de su victimización y les impide presentar más denuncias. Una vez alcanzado este nivel de desesperanza, los perpetradores se sienten seguros para intensificar el acoso, cometiendo allanamientos de morada más frecuentes y agresiones físicas y sexuales con menor riesgo de ser arrestados. El estado mental de la víctima suele provocar un aislamiento extremo, lo que aumenta la probabilidad de un diagnóstico psiquiátrico una vez que se solicita o se exige un examen psiquiátrico. Esta parte de la operación ha sido brillantemente diseñada con la ayuda de profesionales de la psiquiatría y es un escenario que se repite a la perfección en casi todos los casos.

La fase de acecho cumple otra función. La víctima debe ser localizada mediante GPS para poder utilizar otras modalidades. Esto puede lograrse de varias maneras. El acecho puede consistir en realizar una localización GPS constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante dispositivos GPS en manos de los acosadores. Esto elimina la necesidad de implantar chips de seguimiento en la víctima y explica por qué la fase de acecho casi siempre termina abruptamente, quedando solo el acoso electrónico. En el pasado, implantar chips al objetivo, de forma similar a como se implantaban chips GPS a animales para estudiar sus patrones migratorios, era probablemente el escenario más común. Sin embargo, esto expone al grupo perpetrador a la posibilidad de ser arrestado por agresión física si es capturado y proporciona evidencia de agresión a la víctima si se encuentra el chip. Una alternativa menos arriesgada es acechar a la víctima lo suficientemente cerca como para rastrearla GPS remotamente hasta que se pueda catalogar su EEG y utilizarlo mediante monitorización neuronal remota durante el resto de la operación. Nuestra investigación ha reforzado este hecho. Hemos escaneado a miles de víctimas en busca de microchips implantados de forma encubierta, encontrándose muy pocos en radiografías o resonancias magnéticas. Para aumentar la confusión, parte de la operación consiste, aparentemente, en convencer a la víctima de que le han implantado un chip. Esto provoca que gaste sus recursos económicos buscando un dispositivo inexistente con tal fervor que contribuye a su diagnóstico psiquiátrico. En esencia, si bien la implantación de chips fue en su momento parte integral de la operación, ahora forma parte de la victimización psicológica. Sin embargo, dado que muchas personas llevan una década o más quejándose de este tipo de acoso, probablemente debería incluirse en su evaluación inicial la detección de un chip de rastreo. Recientemente, Bob Boyce, un inventor de Georgia, fue presuntamente implantado por un agente vinculado a la NSA. Su chip fue detectado en una radiografía y extraído por un cirujano. Se trataba de un chip de la marca Verichip, implantado de forma encubierta en el tejido de su hombro lateral, donde sufrió cambios malignos. Este caso aún se encuentra en litigio. Para que conste, en un correo electrónico intercambiado con los fabricantes de Verichip, me aseguraron que no aprueban la implantación encubierta de chips con su producto ni que este funcione como un chip de rastreo GPS. Supuestamente, el número de serie del chip de Boyce se rastreó hasta un lote de chips vendidos al gobierno de Estados Unidos. Dejaré que el lector saque sus propias conclusiones sobre la sinceridad de la respuesta que recibí de Verichip. Sin embargo, el hecho de que no encontremos chips de forma rutinaria en la multitud de víctimas y que el acoso continúe en aquellos a quienes se les han extraído los chips me indica que se está llevando a cabo por otros medios, utilizando la implantación de chips o el acoso exclusivamente como método de localización. El Dr. Robert Duncan, en su libro Soul Catcher: Secrets of Cybernetic Warfare Revealed, plantea esta misma hipótesis.

La fase de acoso va de la mano con la de difamación. Inevitablemente, los acosadores son ocasionalmente capturados e interrogados por vecinos, transeúntes o posiblemente agentes de la ley locales. La excusa más común que se da a quienes cuestionan el acoso es que la víctima está siendo investigada por un delito de drogas, sexual o criminal. Dado que la mayor parte de este tipo de acoso suele ser realizado por grupos de investigación privada, estos a menudo tienen exagentes en su nómina o relaciones lo suficientemente estrechas con los municipios locales como para que la policía no los interrogue más. Los vecinos que han notado el acoso constante suelen aceptar la excusa del delito de drogas o sexual por la simple razón de que solo una agencia legítima gastaría el dinero necesario para vigilar a alguien “realmente peligroso” durante veinticuatro horas al día. Los grupos de investigación privada en San Antonio, Texas, se presentan como agentes del FBI, ya que el dueño de su empresa es un exagente del FBI. Los vecinos u otras personas que notan el acoso organizado casi siempre creen esta excusa. La difamación lleva a la víctima a tomar medidas extremas para negar las acusaciones, lo que la hace parecer aún más culpable. La difamación es mucho peor para profesionales con licencia, como médicos, abogados, maestros, enfermeros o cualquier profesional con licencia estatal. El escenario de la “adicción a las drogas” se utiliza con frecuencia en estos casos, donde la mera mención de un problema de drogas suele obligar a la víctima a someterse a pruebas de detección de drogas. Durante meses de vigilancia, se suelen colocar drogas ilícitas en la comida o bebida que la víctima consume habitualmente. Una vez que la agencia reguladora correspondiente es notificada de su posible problema de drogas, los acosadores se aseguran de que dé positivo en la prueba de la droga que se le acusa de consumir. Este escenario funciona con una efectividad cercana al 100% para destruir la carrera de la víctima. El objetivo final de la fase de acoso y difamación es lograr que la víctima sea diagnosticada con una enfermedad mental o adicción a las drogas para asegurar la pérdida de su empleo, lo que la hará más propensa a permanecer en casa, donde se puede llevar a cabo el resto de la operación. Por cierto, las fases de acoso y difamación son también los dos puntos más fáciles de intervenir con éxito en esta operación y detenerla. Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas, por temor o sospecha de estar siendo investigadas por una agencia legítima, no denuncian. Además, hasta hace poco, la mayoría de los estados contaban con leyes contra el acoso muy débiles y difíciles de aplicar. Texas tomó la delantera en 2011 con un proyecto de ley redactado por las legisladoras estatales Jane Nelson y Judith Zaffirini, que fue aprobado. El proyecto de ley se redactó después de que una joven que denunció acoso ante el Departamento del Sheriff del Condado de Bexar fuera declarada enferma mental. Su acosador la había amenazado con un arma mientras la obligaba a cortarse las venas y escribir una carta de suicidio.Sobrevivió, pero las agencias competentes a las que había confiado su ayuda la ignoraron en gran medida. Varios meses después, su acosador la siguió hasta su trabajo y la asesinó en el estacionamiento. Según la nueva ley, ahora se puede emitir una orden de alejamiento contra un presunto acosador sin necesidad de probar primero las lesiones corporales causadas por esa persona o personas. Además, se ha modificado la definición de acoso para facilitar la presentación de la denuncia. Lamentablemente, esta denuncia no llegó a tiempo para Kristi Appleby, para quien se modificó la ley. Se debería emprender un esfuerzo organizado para obligar a todos los estados a seguir el ejemplo y modificar sus normas sobre acoso. Esto facilitará enormemente la defensa contra el acoso organizado. Actualmente, los perpetradores de este tipo de acoso se aprovechan plenamente de la falta de legislación al respecto.

Aunque parezca que culpo exclusivamente a las agencias de investigación privadas independientes por el acoso, no excluyo la participación de individuos corruptos que son agentes del orden público en servicio activo a nivel federal y local. Esto ocurre, como ilustraré. Hay que recordar que la tecnología utilizada para cometer estos delitos tiene su origen en el gobierno federal. Por lo tanto, se observa que la utilizan con mayor frecuencia agencias de investigación privadas propiedad de exagentes del FBI. Estos individuos mantienen contactos con la agencia con la que colaboran en una relación de reciprocidad. Estas relaciones son fundamentales en la fase de difamación. La mayoría de la población, influenciada por años de educación en el sistema de escuelas públicas estadounidenses, creerá las mentiras difamatorias que los investigadores privados difunden sobre una persona. Sin embargo, los miembros más instruidos de la sociedad, que ven a los investigadores privados como simples delincuentes con licencia, cuestionarán la legitimidad de lo que se les dice sobre un familiar, amigo o compañero de trabajo. Un agente de policía o del FBI en servicio activo que difunde esta misma desinformación es percibido como mucho más creíble por las personas afectadas. Mi propia experiencia con la difamación sirve como un buen ejemplo de empleados del FBI en servicio activo que participan en esta fase. Una amiga cercana recibió una llamada en su celular de alguien que decía ser agente del FBI, pidiéndole que se presentara para ser interrogada. El término “pedir” lo uso con reservas. En realidad, le dijeron que se le solicitaría formalmente que se presentara y que, si no lo hacía voluntariamente, tendría consecuencias. Temerosa de la amenaza, se presentó como se le indicó en la oficina del FBI en San Antonio, Texas. Después de pasar por los detectores de metales y de que le hicieran una copia de su licencia de conducir, fue recibida por un agente del FBI. El agente especial JA la interrogó extensamente sobre mi primer libro, A New Breed: Satellite Terrorism in America. Por supuesto, restó importancia a la existencia de la tecnología mencionada en el libro. Al finalizar la entrevista, le dijo que no creyera nada de lo que yo decía, que yo era un “pedazo de mierda” y que haría bien en dejar de comunicarse conmigo. Añadió que yo no estaba bajo ningún tipo de investigación oficial, admitiendo inadvertidamente que esto era estrictamente acoso. Esta es mi primera experiencia con personal del FBI en servicio activo participando en la fase de difamación. Supongo que esto también ocurre en otros casos. Al momento de escribir este libro, este agente aún no me ha interrogado directamente. Cabría suponer que interrogar al autor del libro les sería más útil que acosar a sus amigos, quienes solo lo han leído. El hecho de que no me hayan interrogado directamente me lleva a creer que su objetivo era simplemente acosar, difamar e intentar impedir la publicación del libro.

La mejor defensa contra la difamación es conocer bien a tus vecinos y llevar una vida normal. A pesar del acoso y los ataques, debes esforzarte por funcionar con normalidad. Sigue trabajando, asistiendo a la iglesia, a las actividades de tus hijos o a cualquier actividad social a la que normalmente asistirías. El aislamiento social hará que la gente crea las mentiras que se dicen sobre ti. Además, participa en foros u organizaciones de víctimas de este tipo de delitos para desahogar tus frustraciones o hablar de tus experiencias. Intentar repetidamente convencer a los incrédulos de lo que estás pasando reforzará sus creencias, alineándolas con las dudas sobre tu cordura que les están inculcando. Además, si consumes drogas ilícitas, ¡detente! El consumo de drogas ilícitas puede usarse en tu contra, no solo para difamarte, sino que todo el delito se atribuirá a una psicosis inducida por drogas. El gobierno ha tenido como objetivo a los drogadictos para experimentos de control mental desde los primeros subproyectos MKULTRA, simplemente porque son fáciles de desacreditar. En conclusión, la visibilidad en la comunidad y las interacciones sociales normales son clave para superar la fase de difamación. Esta es una lección aprendida de los propios perpetradores. Los grupos perpetradores en el área de San Antonio se han integrado tan bien en su comunidad como buenos metodistas y personas íntegras, que apuesto a que nadie que los conozca sospecharía ni creería las atrocidades que han cometido. Las víctimas deben hacer lo mismo. Vivir recluidos, tapar las ventanas con papel de aluminio y hablar constantemente de este tema con personas desinformadas solo empeorará su situación.

La fase de ataque se caracteriza por ataques de energía dirigida destinados a interrumpir el funcionamiento fisiológico normal. Puede ocurrir en cualquier momento durante el acoso a la víctima, pero se hace más evidente como una fase distinta al final del mismo. Los ataques iniciales, antes de que la víctima sea consciente del acoso o la difamación, pueden percibirse como problemas médicos fisiológicos comunes. A menudo, la víctima acude varias veces al médico con quejas de espasmos musculares, dolores de cabeza, palpitaciones, ardor en la piel y otras dolencias menos evidentes, sin que se encuentre ninguna anomalía médica. Más adelante, los ataques van acompañados de transmisiones de voz al cráneo que dejan muy claro a la víctima que sus dolencias no son resultado de una patología médica. Una vez que los perpetradores están seguros de que la víctima escucha sus transmisiones y ha notado el acoso, los ataques se intensifican. Durante la fase de ataque, la víctima puede esperar ser acosada casi veinticuatro horas al día. Si la víctima tiene la suerte de conservar su empleo cuando comienza esta fase, los ataques se utilizarán como sus principales armas para privarla del sueño. A menudo, los ataques cesan el tiempo suficiente para que la víctima se duerma, con la esperanza de que no oiga la alarma y llegue tarde o falte al trabajo. Recuerde que el objetivo de esta fase es la aniquilación total de la vida personal y profesional de la víctima. Esta fase continuará hasta que se alcancen estos objetivos o el grupo perpetrador sea desviado o contratado para atacar a otra persona. La falta de personal dentro del grupo perpetrador suele provocar el cese abrupto de los ataques, ya que centran su atención en otro objetivo para el que han sido enviados o pagados. Sin embargo, la víctima seguirá sufriendo ataques esporádicos como recordatorio de que aún está siendo vigilada y no está completamente libre del programa.

Según el Dr. Robert Duncan, PhD, en su libro «Soul Catcher: Secrets of Cybernetic Warfare Revelados», los ataques son el resultado de la manipulación del sistema nervioso central. En efecto, se manipula el cerebro para que manifieste síntomas físicos como temblores, ardor, espasmos y otros. Si bien esto puede ser cierto, casi todas las víctimas también reportan perturbaciones eléctricas en sus hogares. Creo que algunos de los ataques son secundarios a ataques de energía dirigida a nervios periféricos, músculos y órganos específicos, y no necesariamente a través de los centros nerviosos centrales que los controlan. En efecto, las mismas modalidades de energía dirigida que se utilizan para abrir y cerrar puertas de garaje, encender y apagar luces e interferir con las pantallas de las computadoras en el hogar de la víctima también podrían usarse para atacarla físicamente en sitios distintos del cerebro. Esto podría explicar por qué la neuroprogramación para alterar el EEG en la mayoría de las víctimas detiene algunos, pero no todos, los ataques. Sería lógico pensar que, con la gran cantidad de armas dentro del espectro electromagnético a su disposición, el modo de ataque sería variable y no dependería únicamente de la manipulación del sistema nervioso central.

Las armas utilizadas en la fase de ataque incluyen microondas, ondas milimétricas, radiofrecuencia, láser y probablemente modalidades escalares. Todas estas modalidades han sido objeto de una extensa investigación y se han adaptado para uso militar, como se mencionó anteriormente en el libro. Si bien todas se han clasificado como armas “no letales”, la no letalidad en el contexto de la investigación no se basó en una exposición continua. Además, se desconoce el efecto exacto de su exposición a largo plazo en el cuerpo humano, al menos no en la investigación oficial. Las víctimas de la experimentación actual podrían ser conejillos de indias de algún tipo de protocolo de exposición a largo plazo que resulta demasiado poco ético para ser llevado a cabo bajo la supervisión de un Comité de Ética Institucional legítimo con voluntarios que den su consentimiento.

A la fase de ataque le sigue la fase de vigilancia. Tras haber trabajado con múltiples víctimas que han sido victimizadas durante periodos de tiempo variables, resulta evidente que han sido elegidas para ser sometidas a experimentación durante toda su vida. El Dr. Duncan y yo coincidimos en que la selección se realiza de por vida. Sin embargo, una vez que se han alcanzado los objetivos de los perpetradores, a saber, la destrucción social, personal y laboral, la fase de ataque suele disminuir. Como se mencionó anteriormente, esta víctima experimentará ataques ocasionales como recordatorio de que sigue siendo vigilada. Aparentemente, una de las reglas de este protocolo experimental es que, una vez elegida una víctima, debe ser vigilada hasta su muerte natural. Muchas víctimas son inducidas al suicidio por sus respectivos perpetradores. Esto podría ser un intento de los grupos perpetradores de poner fin prematuramente a la fase de vigilancia de una víctima en particular para poder concentrar sus recursos en otras víctimas. La resiliencia psicológica de la víctima ante el estrés de la experimentación también influye, obviamente. Desde una perspectiva médica, la fase de monitoreo probablemente sirva para detectar cualquier problema inmunológico, cáncer, problema psiquiátrico o enfermedad que pueda resultar de la exposición prolongada a las armas electromagnéticas utilizadas en la experimentación. Estos aspectos deberán esclarecerse antes de que dichas modalidades se apliquen a la población en general para el control psicosocial. En 1971, el Dr. José Delgado, investigador del proyecto MKULTRA, publicó «Control físico de la mente: Hacia una sociedad psicocivilizada». Su investigación requirió la implantación de un microchip en el cerebro para obtener los resultados deseados. El desarrollo de la energía dirigida ha permitido una administración más eficiente con resultados aún mejores, sin necesidad de implantes cerebrales.